«Si se llega a probar la matanza de estos animales, estamos hablando de un delito muy grave».

La abogada Micaela Pereira, representante legal de las fundaciones protectoras, explicó en CUENTAS CLARAS como avanza el caso de la desaparición de más de 20 perros en colonia Guaraní.

Pereira es representante de la Fundación Ohana, y ahora representa a las fundaciones que tomaron la decisión conjunta de ser querellantes en la causa, solicitud que el Fiscal de Instrucción N° 1, Elias Bys, rechazó.

Respecto de su participación en esta causa, indicó: «Nosotros (Ohana) ya estábamos interesados en ser parte y estábamos en espera de lo que hacían las protectoras, al mismo tiempo, ellas estaban interesadas en que seamos parte».

La jurista afirmó que «estamos contrareloj, mientras más días pasan se pueden acelerar los daños en lo que tiene que ver con las cuestiones probatorias, por eso accionamos de manera urgente para evitar que esta cuestión quede archivada como muchas otras que tienen que ver con la defensa de los derechos de los animales».

Sin embargo, Pereira aclaró que «no es que el juez rechazó nuestro pedido de ser querellantes, sino que fue el fiscal, argumentando que las protectoras no contaban legitimación legal activa». Agregó que «De manera procesal, tenemos que esperar la resolución del juez a cargo, Dr. Alarcón, y nos preocupa que haga a lugar este rechazo».

Señaló también, «la defensoras de los animales tienen que ser parte de la causa, ¿si no los defendemos nosotros, quien lo hará?».

Más de 20 perros fueron trasladados de una vivienda en Colonia Guaraní por orden de su intendente, Miguel Vargas, con destino incierto. Hasta la fecha se desconoce su paradero, mientras que las protectoras manejan la suposición de que fueron «dormidos» y enterrados en alguna chacra de ese municipio. «Si se llega a probar la matanza de estos animales, estamos hablando de un delito muy grave», señaló la abogada.

Respecto del pedido de las fundaciones, para ser querellantes en la causa, aseguró que en la provincia de Misiones no existen antecedentes de casos en los que las defensoras de los derechos de los animales puedan ser aceptadas como querellantes.

Asimismo, indicó que la versión del intendente Miguel Vargas, quien afirma que los animales se dieron en adopción, es inverosimil. «Si se puede probar esa versión, de la posiblidad de que doce personas adoptaran a dos perritos cada uno en tiempo record, sería algo impecable».