Jueza advierte que bajar la edad de imputabilidad “no necesariamente” resuelve las causas de la violencia
En charla con CUENTAS CLARAS. Adriana Denise Zajaczkowski, jueza del Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de Oberá, se refirió a la próxima entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre de 2026.
La jueza Adriana Zajaczkowski analizó los principales cambios que introduce el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que comenzará a aplicarse desde el 5 de septiembre, y puso especial énfasis en los desafíos que plantea la normativa para quienes intervienen en la prevención y el abordaje de las violencias.
Uno de los cambios más trascendentes de la nueva legislación es la modificación de la edad de responsabilidad penal. A partir de su entrada en vigencia, los adolescentes que hayan cumplido 14 años y cometan un hecho ilícito podrán ser sometidos a un proceso penal, en el que eventualmente se determinará su responsabilidad y se establecerán las sanciones o medidas socioeducativas correspondientes.
Zajaczkowski recordó que la nueva normativa reemplaza el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980 y cuestionado durante décadas por distintos sectores. Sin embargo, remarcó que la reducción de la edad de imputabilidad no constituye el único cambio relevante.
“Lo más trascendente con esta nueva ley, que es con lo que se ha hecho y se ha difundido básicamente, es esta cuestión de la baja de edad de imputabilidad. Pero no es el único cambio que trae esta ley”, explicó.
En ese sentido, destacó que el nuevo régimen incorpora principios y garantías que permiten adecuar el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal a estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, además de criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia.
“Esta nueva ley, cuando habla de principios rectores del régimen de responsabilidad juvenil, expresamente consagra todos los derechos y garantías, más allá de los que son propios al debido proceso penal”, señaló la magistrada.
Para Zajaczkowski, se trata de un avance en materia de derechos y garantías, ya que establece herramientas que permiten a los operadores judiciales trabajar desde paradigmas vinculados con la protección integral de niños y adolescentes.
La mirada crítica sobre la baja de la edad de imputabilidad
A pesar de reconocer los avances que incorpora la nueva normativa, la jueza planteó reparos respecto de la decisión de reducir la edad de responsabilidad penal.
“Bajar la edad de imputabilidad solo va a sumar procesos penales y no necesariamente los chicos que se involucran o que ingresan al sistema penal por estas situaciones, por sus conductas, necesitan una respuesta penal”, sostuvo.
Desde su perspectiva, las intervenciones deberían contemplar las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan a muchos de los adolescentes que llegan a involucrarse en hechos delictivos.
“Un chico que con 10, con 12, con 14 años comete un delito, evidentemente está mostrando una serie de carencias”, afirmó.
La magistrada cuestionó además la mirada social que tiende a reclamar respuestas exclusivamente punitivas frente a los delitos cometidos por adolescentes.
“Lamentablemente se ha instaurado en nuestra sociedad esa idea de delito adulto, pena de adulto, castigo, sanción, represión, casi como volver a aquellas épocas de ‘ojo por ojo’”, expresó.
Frente a esa perspectiva, destacó que el nuevo régimen también contempla herramientas orientadas a garantizar una mirada de protección hacia los adolescentes que ingresan al sistema penal, sin dejar de lado la responsabilidad que corresponda determinar en cada caso.
“Detrás de cada adolescente hay una historia de vulneración”
Uno de los principales puntos señalados por Zajaczkowski fue la necesidad de observar las circunstancias que existen detrás de cada adolescente que entra en conflicto con la ley.
“Siempre hay que pensar que detrás de ese niño o adolescente hay una persona vulnerada en uno de sus derechos”, afirmó.
En este sentido, consideró que el desafío no pasa únicamente por determinar una sanción ante la comisión de un delito, sino también por abordar las situaciones de vulnerabilidad, carencias y vulneraciones de derechos que pueden haber contribuido a que ese niño o adolescente termine involucrado en el sistema penal.
La entrada en vigencia del nuevo régimen abrirá así una nueva etapa para los operadores judiciales y los organismos vinculados a la protección de niños y adolescentes, con el desafío de aplicar un sistema que combina la responsabilidad frente al delito con el reconocimiento de derechos y garantías propias de las personas menores de edad.
