Defensor del Pueblo, solicitó al Intendente que ejerza atribuciones de contralor, por el paro de colectivos

Carlos Bernhardt, el Defensor del Pueblo, solicitó al Intendente Pablo Hassan, a través de una nota enviada al Ejecutivo municipal, que ejerza sus atribuciones de contralor del servicio del transporte público, para que de forma inmediata la empresa prestataria, implemente un sistema de servicio de emergencia, mientras perdure la presente huelga de los trabajadores del volante.

En la nota realizada por los asesores legales de la Defensoría, explican que la empresa no se vio sorprendida por la huelga, porque desde la prensa se había informado con anticipación, además que la huelga no exime a la empresa de sus responsabilidades y la Intendencia tiene la obligación de ejercer sus atribuciones de contralor de los servicios públicos. Más aún, en cuanto dicha medida afecta servicios considerados esenciales.

“Poder de policía Artículo 79º.-El Municipio se reserva el poder de policía, siendo irrenunciable e intransferible, sobre las prestaciones de los servicios públicos, comprendiendo la fiscalización y control sobre la forma, eficiencia, regularidad, calidad del servicio y el régimen de tarifas. Vela por la protección del vecino gestionando la fiscalización y control cuando el servicio dependa de extraña jurisdicción.

Ante todo lo expresado en la nota enviada a Hassan, queda claro que el alcalde tiene las atribuciones y deberes para ejercer el Poder de Policía en todos sus aspectos e imponiendo multas. 

Para ser más claros, desde la Defensoría la Ordenanza 3045, que es el Reglamento de Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Oberá.

En dicha ordenanza, está claro en el artículo 37°, que será obligatorio que el concesionario de prestación de Servicios en forma regular y continúa, que al no hacerlo, incurren en una falta grave y se deben aplicar sanciones.

En este aspecto el Artículo 64° de la ordenanza hace mención a las multas establecidas, “El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la presente Ordenanza dará lugar a las siguientes sanciones: a) Apercibimiento; b) Multa equivalente entre 1.000 y 20.000 veces la tarifa comercial (entiéndase al día de la fecha de $50.000 a $1.000.000); C) Suspensión de la Concesión; d) Caducidad de la Concesión”.

Bernhardt solicita al alcalde Hassan que intervenga para dar solución al problema que afecta a miles de obereños que necesitan diariamente el servicio para para cuestiones tan elementales como educarse, trabajar o recibir atención médica.


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