Misiones la integra, junto a los mandatarios provinciales de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, San Luis, Salta, Formosa, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Unos 16 mandatarios provinciales del Frente de Todos (FDT) lanzaron la denominada nueva Liga de Gobernadores en búsqueda de «más federalismo y unidad nacional», en medio de una puja con la ciudad de Buenos Aires por la distribución de recursos y la asignación de subsidios a la energía y al transporte público, y con el impulso de un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Los 16 mandatarios que la integran son: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El encuentro se desarrolló en la sede porteña del CFI: algunos participaron presencialmente y otros se conectaron desde sus provincias a través de la plataforma Zoom.
La formalización de la Liga de Gobernadores del FDT llegó luego de que mantuvieran varias reuniones -también en el CFI- por la situación de la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que existe en la Corte Suprema de Justicia, a donde la Ciudad reclama fondos que eran girados por el Gobierno nacional para el pago de la Policía porteña y reasignó parte de esa partida por considerarlos excesivos.
La última reunión en el CFI había sido el viernes 3 con el objetivo de definir el proyecto de ley consensuado con el presidente Alberto Fernández para ampliar a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Luego, el jueves 9 varios de estos mandatarios asistieron al Senado para presentar esta iniciativa.
Asimismo, en reiteradas oportunidades, este conjunto de gobernadores -que a veces suma al santafesino Omar Perotti, al neuquino Omar Gutiérrez o a la rionegrina Arabela Carreras- emitió documentos críticos con la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su postura «centralista» en la distribución de los recursos.
En su documento fundacional, los gobernadores expresaron: «Despojados de intereses partidarios, representamos a nuestras provincias en la defensa de un país justo y equitativo, en el que los recursos se asignen promoviendo en desarrollo armónico y equilibrado».
«Asumimos un debate histórico frente a las asimetrías que imponen la infraestructura pública disponible; la competitividad de las economías regionales; la inequidad en el precio del combustible; las asimetrías de las tarifas energéticas y en los subsidios la transporte», apuntaron.
También remarcaron que «es hora de gestar consensos estructurales y políticas para el desarrollo que permitan generar nuevos empleos de calidad. Con este objetivo analizamos alternativas para federalizar políticas tendientes a transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno».
«Queremos representar a nuestras provincias más allá del partido o la coalición que las gobierne. Nuestra convocatoria es amplia y plural para fortalecer la democracia con la participación de todos y todas. ¡Ese es el desafío!», concluyeron en el texto.
Hoy, la Liga de Gobernadores tiene dos grandes frentes de disputa que son la reforma de la Corte Suprema, por un lado, y la puja por los fondos con la Ciudad, por otro.
Estos temas se unen en el máximo tribunal, ya que el distrito porteño tiene un reclamo judicial que espera por una resolución de la Corte que debería haberse expedido el 11 de mayo pasado.
El reclamo de la Ciudad tiene origen en un diferendo que mantiene con Nación por el porcentaje de fondos transferidos al distrito cuando pasó la Policía Federal a la órbita porteña, que subió del 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, y luego fue reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
En tanto, el 9 de septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
A finales de 2020, el Congreso de la Nación sancionó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicó que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
Por eso, el Gobierno porteño presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema y, si bien los jueces buscaron que las partes llegaran una solución política, no hubo avances y ahora es el máximo tribunal el que debe resolver.
